LIBERTAD...es
(*)Alberto Recarte
1. Introducción.
Tenemos la desgracia de vivir en un Estado de las autonomías, que no es un Estado federal ni confederal, sino uno en el que las élites políticas autonómicas tienen el privilegio, y la obligación, de gastar.
Sin responsabilidad, porque sus ingresos provienen, fundamentalmente, de los impuestos directos e indirectos que recauda la Administración central y que después distribuye en función de dónde se han recaudado los fondos, de la necesidad de garantizar un nivel de servicios mínimos a todos los españoles, sea cual sea la autonomía en la que residan, y de acuerdo con otra série de variables, que influyen menos, como el número de habitantes, la densidad de población o la situación geográfica.
En otra ocasión comentaremos esas otras variables, hoy por hoy en absoluta incertidumbre tras el acuerdo de Rodríguez Zapatero con Artur Mas, el líder de CiU, que se ha trasladado en gran parte al recurrido Estatuto de Cataluña.
Sin embargo, sería injusto no reconocer una de las virtudes de la organización autonómica, en concreto la de la cercanía a los habitantes de la región, mucho mayor que la del estado centralizado, y su consecuencia lógica, poder dirigir el gasto público, en principio, de una forma más eficiente.
Desgraciadamente, las posibilidades de esa cercanía se truncan si al frente del Gobierno de la nación figuran personas sectarias, en lugar de hombres de estado.
Y, por más que haya diferencias abismales entre la gestión, visión de futuro y patriotismo de unos líderes autonómicos y de otros, la pulsión del gasto, sin responsabilidad en la obtención de los ingresos, termina por afectar a la mayoría de los líderes autonómicos.
2. Las autonomías: centrales de gasto.
Las autonomías son centrales de gasto. Una parte de sus ingresos los obtienen con lo que recaudan por los tributos cedidos totalmente por la Administración central: los impuestos sobre el patrimonio, sucesiones y donaciones, el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el del juego, algunas tasas y otros de menor importancia, como el céntimo sanitario.
Pero lo fundamental son los porcentajes de impuestos estatales transferidos.
Incluso las decisiones de la Comunidad de Madrid, suprimiendo los impuestos sobre sucesiones y donaciones y rebajando un punto el IRPF, significan un sacrifício tributario menor frente a los ingresos y gastos totales de la autonomía madrileña.
Concretamente, en Madrid, el sacrificio tributario de esas medidas supone, en frío, alrededor de 500 millones de euros anuales.
En frío, porque el incremento de donaciones y las sucesiones, a precios de mercado, compensan, en una pequeña parte, ese sacrificio fiscal.
La Comunidad de Madrid gasta al año en torno a los 18.000 millones de euros. En 2007, los ingresos totales de la autonomía madrileña aumentarán casi un 10% sobre los de 2006; en total, más de 1.650 millones de euros.
Y el gasto aumentará en esa misma cuantía. Madrid es la más virtuosa de las autonomías, porque invierte en infraestructuras, educación y sanidad –por el crecimiento de la población inmigrante– mucho más que Cataluña, el País Vasco o Andalucía.
En Cataluña, por su parte, la nomenklatura gobernante quiere subir los impuestos para gastar más y se queja de la competencia fiscal de Madrid, que es, como hemos visto, mínima.
Ridículo, si no fuera trágico.
Trágico, porque políticamente todas las autonomias están contribuyendo a romper políticamente España.
Trágico, porque el éxito de las políticas autonómicas ocurre en función de su capacidad de gestión, sí, pêro medida no por la virtud de cómo y sobre qué se recaudan los impuestos, sino por su capacidad global de gastar, valorando escasamente que el gasto sea el mejor posible.
Se juzga el efecto en el voto potencial de la población, no que sea la mejor alternativa económica posible.
También valoran los ciudadanos, conscientes de la importancia del gasto autonómico, las relaciones con la Administración central, pues el Gobierno de la nación puede aprobar políticas "nacionales" que supongan gasto público que favorezca a los habitantes de ciertas autonomias frente a otras.
A quien dude de la deriva populista de las autonomías, le animo a leer los programas electorales de los diferentes partidos para las últimas elecciones. Se habla de gasto, de servicios, de inversiones, de compromisos. Pero no de cómo se van a financiar todos esos compromisos.
3. La importancia de no hacer.
Las autonomías apenas influyen com sus políticas en el desarrollo de las propias regiones o en el del conjunto de España, pero pueden impedir el desarrollo económico con su intervencionismo.
Pueden encarecer el suelo si no lo crean con suficiente agilidad. Pueden alejar a las industrias y limitar el derecho a urbanizar, con la consecuencia de subir el precio de las viviendas com disposiciones medioambientales excesivas o imponiendo un urbanismo de alto coste.
Pueden dificultar la creación de empleo si no permiten la libertad empresarial a la hora de establecerse o impiden la reducción de plantillas, si las empresas se ven obligadas a hacerla por falta de demanda para sus productos.
Pueden alterar el funcionamiento normal de los mercados si se corrompen.
Pueden encarecer la cesta de la compra si no permiten la libertad comercial, de horarios, y la instalación de grandes superficies por el temor a perder el voto de los pequeños comerciantes.
Pueden dificultar la competencia si obligan a utilizar un idioma diferente del español.
Pueden maleducar si no imponen disciplina en las aulas y exigencia en los programas educativos en lod colégios.
colegios.
Pueden impedir la excelencia y la inversión en I+D si ponen límites a la apertura de universidades privadas y condicionan sus políticas formativas.
4. La importancia de hacer.
Las autonomías pueden, por el contrario, abaratar la mano de obra si invierten lo que deben en infraestructuras, pues las carências aumentan el coste y el tiempo de transporte entre domicilios y puestos de trabajo y entre las propias empresas.
Pueden, y es mucho, evitar errores intervencionistas, como forzar a las cajas de ahorro, que dependen de ellas, a invertir en proyectos en los que los políticos autonómicos tengan intereses políticos o económicos.
Pueden, por otra parte, rebajar impuestos; concretamente, podrían rebajar sustancialmente el tipo de IRPF y suprimir el impuesto sobre el patrimonio, además, por supuesto, del de donaciones y sucesiones, pêro es tal el nivel de obligaciones sociales futuras en que están incurriendo ya todas las autonomías, por sus compromisos educativos y sanitarios, que esa via está cegada para casi todas.
En esto la Comunidad de Madrid ha dado un magnífico ejemplo a todas las autonomías, pues ha demostrado que con un sacrificio fiscal pequeño se pueden conseguir magníficos resultados, y es que los impuestos sobre donaciones y sucesiones son especialmente nocivos para el ahorro y la inversión.
Como lo es el del patrimonio.
5. La dependencia fiscal autonómica y el sectarismo del Gobierno nacional.
Es una paradoja que en un "Estado de las autonomías", en las que estas gastan cada vez más y la Administración central tiene cada vez un menor porcentaje del gasto total, que la dependencia fiscal de las autonomías sea la misma, o incluso que crezca con el paso del tiempo, pues el Gobierno nacional puede intervenir en el reparto de fondos entre ellas, falseando lo que se supone es el ámbito competencial transferido.
Transferir más fondos para gastos ineficientes puede que incremente el poder de los líderes de las autonomías agraciadas en el reparto, pero también acentúa los impulsos a los comportamientos irresponsables y centrifugadores de las clases políticas regionales.
La forma en que se financia el Estado de las autonomías provoca efectos negativos sobre la cohesión nacional, que son más evidentes ahora porque las competências transferidas son mayores y, simultáneamente, nos encontramos con una situación de debilidad y sectarismo en el Gobierno nacional, que se traduce en un reparto de fondos nacionales entre autonomias por intereses de partido.
Con este tipo de financiación, cuantas más competencias tienen las autonomías, más dependientes son del poder central.
Esta situación de dependencia la aprovechan los gobiernos nacionales sectarios, como el actual de Rodríguez Zapatero, para favorecer o castigar a los afines o contrários políticamente.
Concretamente, el actual Gobierno aprobó una partida extraordinaria, entre 2.000 y 3.000 millones de euros, para saldar una supuesta deuda histórica com Andalucia.
Y se ha comprometido con Cataluña para invertir más allí, esté o no justificado, para pagar el apoyo de los nacionalistas catalanes.
En cambio, no ha invertido nada en Madrid y ha puesto trabas a las inversiones en infraestructuras que ha realizado esta Comunidad con fondos propios, con el objeto de dificultar su desarrollo y, sobre todo, empañar la buena imagen de los políticos autonómicos del PP.
También ha paralizado el trasvase del Ebro, para satisfacer el nacionalismo y el localismo de aragoneses y catalanes y, de paso, castigar a valencianos, murcianos y almerienses, que cometen el pecado de votarles poco.
Estas políticas económicas discriminatorias entre autonomias por parte del Gobierno nacional, sin embargo, se convierten muchas veces en obstáculos insuperables para el desarrollo de las regiones que más dinero reciben y menos reformas hacen, por más que sean rentables políticamente.
En concreto, los mayores fondos pueden utilizarse para pagar un mayor número de funcionários autonómicos de los necesarios.
Lo que ocurre en Extremadura, que sí que vota socialista, y que há incrementado el número de los empleados públicos, contratados sin oposición, hasta el punto que suponen más del 22% del total de los ocupados en esta región, frente al 13% del conjunto de España.
Y la financiación del PER, que sigue vivo en ambas autonomías, es una forma de subvencionar la parálisis económica.
Ambas políticas de gasto logran lo que persiguen, sometimiento político y dinero fácil, pero a cambio de estancamiento económico.
Crean empleo artificial y limitan tanto la necesaria emigración a otras zonas en las que sí pudiera haber trabajo como las inversiones en nuevas industrias o servicios, porque ninguna empresa puede competir con niveles salariales artificialmente altos y que ni siquiera requieren presentarse a trabajar.
Si en Andalucía há aumentado el voto del PP es, en parte, al margen de su defensa de la Constitución, porque hay muchas zonas, como Almería, Málaga, Cádiz y Huelva, que viven hoy más de una agricultura moderna y del turismo que de las subvenciones públicas desincentivadoras del trabajo.
La última decisión económica sectaria puesta en marcha por el Gobierno nacional, que afecta gravemente a los ingresos – y gastos– de las autonomías, es no reconocer su población de hecho, sobre la base de poner obstáculos para identificar a la población de derecho en las autonomias gobernadas por el PP, que es donde más ha aumentado la población.
El caso de la de Madrid es paradigmático, pues se ha utilizado el antiguamente respetado INE para esta sucia tarea.
La razón es económica, pues las transferências de la Administración central a las autonomías dependen en parte, como se ha señalado anteriormente, de la población.
Aquellas donde aumenta la población se encuentran con mayores gastos en educación, sanidad y gastos sociales de todo tipo y, si son del PP, sin ingresos adicionales para atenderlos.
6. ¿Políticas económicas autonómicas?
Nos encontramos, pues, con un Estado con autonomías com competencias cada vez mayores, que ingresan y gastan más que la Administración central, pero que no son responsables sobre gran parte de sus ingresos y que tienen incentivos enormes para gastar. Y que, en la medida en la que se comprometen a prestar, por intereses electorales, servicios públicos cada vez más extensos y más costosos, se hacen más dependientes del Gobierno de la nación, pues según los criterios de reparto de fondos que se utilicen se beneficiarán unas u otras autonomías.
Sin embargo, esa política de gasto continuo, en aumento exponencial, que explica en gran parte la continuidad en su cargo por tiempos inauditamente largos de los dirigentes políticos autonómicos, no debe engañarnos respecto a que las autonomías, precisamente por su sistema de financiación, se han convertido en departamentos administrativos de gasto, capaces de impedir el desarrollo de sus respectivas autonomías, pero sin auténtica independencia para proponer o impulsar políticas económicas propias que puedan afectar el crecimiento de la propia autonomía de forma significativa.
Es posible que a muchos dirigentes autonómicos les resulte incomprensible esa afirmación porque, sin duda, consideran que son muchas las decisiones económicas que pueden tomar; y toman.
Por ejemplo, la libertad para acometer cambios tributarios a que se ha hecho referencia, la no puesta en práctica de políticas negativas para el crecimiento económico –a pesar de la presión de los sindicatos y las presiones intervencionistas de muchos políticos autonómicos– y los esfuerzos para el desarrollo de infraestructuras.
Pero estas decisiones no significan que las autonomías puedan tener, y tengan de hecho, políticas económicas dignas de este nombre, y que el crecimiento de las autonomías y del empleo dependa de unas políticas que en realidad tienen muy poço peso en el mismo.
Las autonomias pueden hacer políticas que impidan el crecimiento económico, pêro tienen muy poca capacidad para aumentarlo en sus respectivos territorios.
El crecimiento económico díspar entre autonomías en España depende mucho más de otros factores.
En primer lugar, del crecimiento mundial, del europeo, y, sobre todo del español en su conjunto.
En segundo lugar, de políticas económicas nacionales.
En tercer lugar, de tendencias generales que existen desde los años 70 y 80 del siglo XX y que ya preveían el estancamiento de la cornisa cantábrica y un mayor desarrollo de Levante, el eje del Ebro y Madrid.
En cuarto lugar, de la presencia secular, o no, de empresas públicas subvencionadas y de la existencia, o no, de un tejido industrial viejo, heredado de la época del
proteccionismo.
En quinto lugar, del nivel de formación de la población.
Y, en sexto lugar, de un conjunto de factores de la más diversa índole, como la existencia de una buena red de comunicaciones e infraestructuras, del clima, de la historia, de la existencia o no de activos culturales, como museos.
En fin, de un innumerable conjunto de datos históricos con relevância económica, de políticas internacionales y nacionales y un poco de políticas activas propias.
Lo que sí pueden hacer, repito, es dificultar el crecimiento, tomando decisiones arbitrarias, populistas, limitadoras de los derechos individuales y corromper el mercado de bienes y servicios, desde el del suelo hasta el del trabajo, desde el de la vivienda hasta el de los que
componen la cesta de la compra.
7. Conclusión
Si finalmente el PP tuviera el coraje para proponer, junto con el imprescindible apoyo del PSOE (que no podría ser el de Rodríguez Zapatero) o de un número significativo de otros partidos, la reforma de nuestra maltrecha Constitución, en concreto del título VIII, y transformar definitivamente a España en un Estado federal, separando las competencias entre la Administración central y las autonomías, creo que se pondría freno a la tendencia centrifugadora de lo nacional del Estado de las autonomías.
Ello incluiría modificar radicalmente el sistema de financiación autonómica.
Cada autonomía debería ser libre para determinar qué impuestos establece y con qué tipo y sólo podría recibir transferencias de la Administración central para asegurar mínimos vitales y la financiación de algunos servicios, como la salud, pues la educación debería ser libre, aunque financiada a través de cheques escolares y universitarios por el Estado central. Y manteniendo férreamente centralizada la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Empleo.
Un cambio de este tipo permitiria resolver, o al menos ayudar a hacerlo, los problemas históricos de algunas autonomías y convertir a las clases políticas autonómicas en responsables de sus ingresos y sus gastos.
Dejarían así de ser agentes impulsores del gasto público, que ganan cuando otras autonomias pierden, y tendrían que renunciar a esas políticas que, una y otra vez, sin tener en cuenta los intereses nacionales, intentan lograr apoyos populares con políticas populistas o victimistas que en estos años ha sido posible financiar, pero que entrarán en una tremenda crisis financiera cuando descienda significativamente el crecimiento, las transacciones inmobiliarias y la creación de empleo.
(*) La deriva populista de las autonomías
Foi publicado na Internet, http://uniaoiberica.blogspot.com/ em 31/07/07.
Os negritos são da responsabiliade da UNIÃO IBÉRICA.
1. Introducción.
Tenemos la desgracia de vivir en un Estado de las autonomías, que no es un Estado federal ni confederal, sino uno en el que las élites políticas autonómicas tienen el privilegio, y la obligación, de gastar.
Sin responsabilidad, porque sus ingresos provienen, fundamentalmente, de los impuestos directos e indirectos que recauda la Administración central y que después distribuye en función de dónde se han recaudado los fondos, de la necesidad de garantizar un nivel de servicios mínimos a todos los españoles, sea cual sea la autonomía en la que residan, y de acuerdo con otra série de variables, que influyen menos, como el número de habitantes, la densidad de población o la situación geográfica.
En otra ocasión comentaremos esas otras variables, hoy por hoy en absoluta incertidumbre tras el acuerdo de Rodríguez Zapatero con Artur Mas, el líder de CiU, que se ha trasladado en gran parte al recurrido Estatuto de Cataluña.
Sin embargo, sería injusto no reconocer una de las virtudes de la organización autonómica, en concreto la de la cercanía a los habitantes de la región, mucho mayor que la del estado centralizado, y su consecuencia lógica, poder dirigir el gasto público, en principio, de una forma más eficiente.
Desgraciadamente, las posibilidades de esa cercanía se truncan si al frente del Gobierno de la nación figuran personas sectarias, en lugar de hombres de estado.
Y, por más que haya diferencias abismales entre la gestión, visión de futuro y patriotismo de unos líderes autonómicos y de otros, la pulsión del gasto, sin responsabilidad en la obtención de los ingresos, termina por afectar a la mayoría de los líderes autonómicos.
2. Las autonomías: centrales de gasto.
Las autonomías son centrales de gasto. Una parte de sus ingresos los obtienen con lo que recaudan por los tributos cedidos totalmente por la Administración central: los impuestos sobre el patrimonio, sucesiones y donaciones, el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el del juego, algunas tasas y otros de menor importancia, como el céntimo sanitario.
Pero lo fundamental son los porcentajes de impuestos estatales transferidos.
Incluso las decisiones de la Comunidad de Madrid, suprimiendo los impuestos sobre sucesiones y donaciones y rebajando un punto el IRPF, significan un sacrifício tributario menor frente a los ingresos y gastos totales de la autonomía madrileña.
Concretamente, en Madrid, el sacrificio tributario de esas medidas supone, en frío, alrededor de 500 millones de euros anuales.
En frío, porque el incremento de donaciones y las sucesiones, a precios de mercado, compensan, en una pequeña parte, ese sacrificio fiscal.
La Comunidad de Madrid gasta al año en torno a los 18.000 millones de euros. En 2007, los ingresos totales de la autonomía madrileña aumentarán casi un 10% sobre los de 2006; en total, más de 1.650 millones de euros.
Y el gasto aumentará en esa misma cuantía. Madrid es la más virtuosa de las autonomías, porque invierte en infraestructuras, educación y sanidad –por el crecimiento de la población inmigrante– mucho más que Cataluña, el País Vasco o Andalucía.
En Cataluña, por su parte, la nomenklatura gobernante quiere subir los impuestos para gastar más y se queja de la competencia fiscal de Madrid, que es, como hemos visto, mínima.
Ridículo, si no fuera trágico.
Trágico, porque políticamente todas las autonomias están contribuyendo a romper políticamente España.
Trágico, porque el éxito de las políticas autonómicas ocurre en función de su capacidad de gestión, sí, pêro medida no por la virtud de cómo y sobre qué se recaudan los impuestos, sino por su capacidad global de gastar, valorando escasamente que el gasto sea el mejor posible.
Se juzga el efecto en el voto potencial de la población, no que sea la mejor alternativa económica posible.
También valoran los ciudadanos, conscientes de la importancia del gasto autonómico, las relaciones con la Administración central, pues el Gobierno de la nación puede aprobar políticas "nacionales" que supongan gasto público que favorezca a los habitantes de ciertas autonomias frente a otras.
A quien dude de la deriva populista de las autonomías, le animo a leer los programas electorales de los diferentes partidos para las últimas elecciones. Se habla de gasto, de servicios, de inversiones, de compromisos. Pero no de cómo se van a financiar todos esos compromisos.
3. La importancia de no hacer.
Las autonomías apenas influyen com sus políticas en el desarrollo de las propias regiones o en el del conjunto de España, pero pueden impedir el desarrollo económico con su intervencionismo.
Pueden encarecer el suelo si no lo crean con suficiente agilidad. Pueden alejar a las industrias y limitar el derecho a urbanizar, con la consecuencia de subir el precio de las viviendas com disposiciones medioambientales excesivas o imponiendo un urbanismo de alto coste.
Pueden dificultar la creación de empleo si no permiten la libertad empresarial a la hora de establecerse o impiden la reducción de plantillas, si las empresas se ven obligadas a hacerla por falta de demanda para sus productos.
Pueden alterar el funcionamiento normal de los mercados si se corrompen.
Pueden encarecer la cesta de la compra si no permiten la libertad comercial, de horarios, y la instalación de grandes superficies por el temor a perder el voto de los pequeños comerciantes.
Pueden dificultar la competencia si obligan a utilizar un idioma diferente del español.
Pueden maleducar si no imponen disciplina en las aulas y exigencia en los programas educativos en lod colégios.
colegios.
Pueden impedir la excelencia y la inversión en I+D si ponen límites a la apertura de universidades privadas y condicionan sus políticas formativas.
4. La importancia de hacer.
Las autonomías pueden, por el contrario, abaratar la mano de obra si invierten lo que deben en infraestructuras, pues las carências aumentan el coste y el tiempo de transporte entre domicilios y puestos de trabajo y entre las propias empresas.
Pueden, y es mucho, evitar errores intervencionistas, como forzar a las cajas de ahorro, que dependen de ellas, a invertir en proyectos en los que los políticos autonómicos tengan intereses políticos o económicos.
Pueden, por otra parte, rebajar impuestos; concretamente, podrían rebajar sustancialmente el tipo de IRPF y suprimir el impuesto sobre el patrimonio, además, por supuesto, del de donaciones y sucesiones, pêro es tal el nivel de obligaciones sociales futuras en que están incurriendo ya todas las autonomías, por sus compromisos educativos y sanitarios, que esa via está cegada para casi todas.
En esto la Comunidad de Madrid ha dado un magnífico ejemplo a todas las autonomías, pues ha demostrado que con un sacrificio fiscal pequeño se pueden conseguir magníficos resultados, y es que los impuestos sobre donaciones y sucesiones son especialmente nocivos para el ahorro y la inversión.
Como lo es el del patrimonio.
5. La dependencia fiscal autonómica y el sectarismo del Gobierno nacional.
Es una paradoja que en un "Estado de las autonomías", en las que estas gastan cada vez más y la Administración central tiene cada vez un menor porcentaje del gasto total, que la dependencia fiscal de las autonomías sea la misma, o incluso que crezca con el paso del tiempo, pues el Gobierno nacional puede intervenir en el reparto de fondos entre ellas, falseando lo que se supone es el ámbito competencial transferido.
Transferir más fondos para gastos ineficientes puede que incremente el poder de los líderes de las autonomías agraciadas en el reparto, pero también acentúa los impulsos a los comportamientos irresponsables y centrifugadores de las clases políticas regionales.
La forma en que se financia el Estado de las autonomías provoca efectos negativos sobre la cohesión nacional, que son más evidentes ahora porque las competências transferidas son mayores y, simultáneamente, nos encontramos con una situación de debilidad y sectarismo en el Gobierno nacional, que se traduce en un reparto de fondos nacionales entre autonomias por intereses de partido.
Con este tipo de financiación, cuantas más competencias tienen las autonomías, más dependientes son del poder central.
Esta situación de dependencia la aprovechan los gobiernos nacionales sectarios, como el actual de Rodríguez Zapatero, para favorecer o castigar a los afines o contrários políticamente.
Concretamente, el actual Gobierno aprobó una partida extraordinaria, entre 2.000 y 3.000 millones de euros, para saldar una supuesta deuda histórica com Andalucia.
Y se ha comprometido con Cataluña para invertir más allí, esté o no justificado, para pagar el apoyo de los nacionalistas catalanes.
En cambio, no ha invertido nada en Madrid y ha puesto trabas a las inversiones en infraestructuras que ha realizado esta Comunidad con fondos propios, con el objeto de dificultar su desarrollo y, sobre todo, empañar la buena imagen de los políticos autonómicos del PP.
También ha paralizado el trasvase del Ebro, para satisfacer el nacionalismo y el localismo de aragoneses y catalanes y, de paso, castigar a valencianos, murcianos y almerienses, que cometen el pecado de votarles poco.
Estas políticas económicas discriminatorias entre autonomias por parte del Gobierno nacional, sin embargo, se convierten muchas veces en obstáculos insuperables para el desarrollo de las regiones que más dinero reciben y menos reformas hacen, por más que sean rentables políticamente.
En concreto, los mayores fondos pueden utilizarse para pagar un mayor número de funcionários autonómicos de los necesarios.
Lo que ocurre en Extremadura, que sí que vota socialista, y que há incrementado el número de los empleados públicos, contratados sin oposición, hasta el punto que suponen más del 22% del total de los ocupados en esta región, frente al 13% del conjunto de España.
Y la financiación del PER, que sigue vivo en ambas autonomías, es una forma de subvencionar la parálisis económica.
Ambas políticas de gasto logran lo que persiguen, sometimiento político y dinero fácil, pero a cambio de estancamiento económico.
Crean empleo artificial y limitan tanto la necesaria emigración a otras zonas en las que sí pudiera haber trabajo como las inversiones en nuevas industrias o servicios, porque ninguna empresa puede competir con niveles salariales artificialmente altos y que ni siquiera requieren presentarse a trabajar.
Si en Andalucía há aumentado el voto del PP es, en parte, al margen de su defensa de la Constitución, porque hay muchas zonas, como Almería, Málaga, Cádiz y Huelva, que viven hoy más de una agricultura moderna y del turismo que de las subvenciones públicas desincentivadoras del trabajo.
La última decisión económica sectaria puesta en marcha por el Gobierno nacional, que afecta gravemente a los ingresos – y gastos– de las autonomías, es no reconocer su población de hecho, sobre la base de poner obstáculos para identificar a la población de derecho en las autonomias gobernadas por el PP, que es donde más ha aumentado la población.
El caso de la de Madrid es paradigmático, pues se ha utilizado el antiguamente respetado INE para esta sucia tarea.
La razón es económica, pues las transferências de la Administración central a las autonomías dependen en parte, como se ha señalado anteriormente, de la población.
Aquellas donde aumenta la población se encuentran con mayores gastos en educación, sanidad y gastos sociales de todo tipo y, si son del PP, sin ingresos adicionales para atenderlos.
6. ¿Políticas económicas autonómicas?
Nos encontramos, pues, con un Estado con autonomías com competencias cada vez mayores, que ingresan y gastan más que la Administración central, pero que no son responsables sobre gran parte de sus ingresos y que tienen incentivos enormes para gastar. Y que, en la medida en la que se comprometen a prestar, por intereses electorales, servicios públicos cada vez más extensos y más costosos, se hacen más dependientes del Gobierno de la nación, pues según los criterios de reparto de fondos que se utilicen se beneficiarán unas u otras autonomías.
Sin embargo, esa política de gasto continuo, en aumento exponencial, que explica en gran parte la continuidad en su cargo por tiempos inauditamente largos de los dirigentes políticos autonómicos, no debe engañarnos respecto a que las autonomías, precisamente por su sistema de financiación, se han convertido en departamentos administrativos de gasto, capaces de impedir el desarrollo de sus respectivas autonomías, pero sin auténtica independencia para proponer o impulsar políticas económicas propias que puedan afectar el crecimiento de la propia autonomía de forma significativa.
Es posible que a muchos dirigentes autonómicos les resulte incomprensible esa afirmación porque, sin duda, consideran que son muchas las decisiones económicas que pueden tomar; y toman.
Por ejemplo, la libertad para acometer cambios tributarios a que se ha hecho referencia, la no puesta en práctica de políticas negativas para el crecimiento económico –a pesar de la presión de los sindicatos y las presiones intervencionistas de muchos políticos autonómicos– y los esfuerzos para el desarrollo de infraestructuras.
Pero estas decisiones no significan que las autonomías puedan tener, y tengan de hecho, políticas económicas dignas de este nombre, y que el crecimiento de las autonomías y del empleo dependa de unas políticas que en realidad tienen muy poço peso en el mismo.
Las autonomias pueden hacer políticas que impidan el crecimiento económico, pêro tienen muy poca capacidad para aumentarlo en sus respectivos territorios.
El crecimiento económico díspar entre autonomías en España depende mucho más de otros factores.
En primer lugar, del crecimiento mundial, del europeo, y, sobre todo del español en su conjunto.
En segundo lugar, de políticas económicas nacionales.
En tercer lugar, de tendencias generales que existen desde los años 70 y 80 del siglo XX y que ya preveían el estancamiento de la cornisa cantábrica y un mayor desarrollo de Levante, el eje del Ebro y Madrid.
En cuarto lugar, de la presencia secular, o no, de empresas públicas subvencionadas y de la existencia, o no, de un tejido industrial viejo, heredado de la época del
proteccionismo.
En quinto lugar, del nivel de formación de la población.
Y, en sexto lugar, de un conjunto de factores de la más diversa índole, como la existencia de una buena red de comunicaciones e infraestructuras, del clima, de la historia, de la existencia o no de activos culturales, como museos.
En fin, de un innumerable conjunto de datos históricos con relevância económica, de políticas internacionales y nacionales y un poco de políticas activas propias.
Lo que sí pueden hacer, repito, es dificultar el crecimiento, tomando decisiones arbitrarias, populistas, limitadoras de los derechos individuales y corromper el mercado de bienes y servicios, desde el del suelo hasta el del trabajo, desde el de la vivienda hasta el de los que
componen la cesta de la compra.
7. Conclusión
Si finalmente el PP tuviera el coraje para proponer, junto con el imprescindible apoyo del PSOE (que no podría ser el de Rodríguez Zapatero) o de un número significativo de otros partidos, la reforma de nuestra maltrecha Constitución, en concreto del título VIII, y transformar definitivamente a España en un Estado federal, separando las competencias entre la Administración central y las autonomías, creo que se pondría freno a la tendencia centrifugadora de lo nacional del Estado de las autonomías.
Ello incluiría modificar radicalmente el sistema de financiación autonómica.
Cada autonomía debería ser libre para determinar qué impuestos establece y con qué tipo y sólo podría recibir transferencias de la Administración central para asegurar mínimos vitales y la financiación de algunos servicios, como la salud, pues la educación debería ser libre, aunque financiada a través de cheques escolares y universitarios por el Estado central. Y manteniendo férreamente centralizada la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Empleo.
Un cambio de este tipo permitiria resolver, o al menos ayudar a hacerlo, los problemas históricos de algunas autonomías y convertir a las clases políticas autonómicas en responsables de sus ingresos y sus gastos.
Dejarían así de ser agentes impulsores del gasto público, que ganan cuando otras autonomias pierden, y tendrían que renunciar a esas políticas que, una y otra vez, sin tener en cuenta los intereses nacionales, intentan lograr apoyos populares con políticas populistas o victimistas que en estos años ha sido posible financiar, pero que entrarán en una tremenda crisis financiera cuando descienda significativamente el crecimiento, las transacciones inmobiliarias y la creación de empleo.
(*) La deriva populista de las autonomías
Foi publicado na Internet, http://uniaoiberica.blogspot.com/ em 31/07/07.
Os negritos são da responsabiliade da UNIÃO IBÉRICA.
posted by blogger at 2:25 da manhã
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